Oficialismo insiste en reglamentar senaduría vitalicia y abre la puerta a candidaturas de expresidentes
La Comisión de Legislación y Codificación, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR–Honor Colorado), emitió un dictamen dividido sobre el proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 189 de la Constitución Nacional. La mayoría se inclinó por la aprobación con modificaciones, mientras que la minoría recomendó el rechazo.
La iniciativa pretende habilitar a los expresidentes de la República a postularse como senadores activos y, además, permitir que en su condición de senadores vitalicios puedan ejercer otros cargos públicos sin que exista incompatibilidad.
“Para nosotros es un cargo honorífico”, sostuvo Maidana, al explicar que la senaduría vitalicia no debería interpretarse como un impedimento para que un expresidente vuelva a postularse. El legislador insistió en que la figura carece de elementos propios de un cargo legislativo activo: “Ellos no tienen ninguna remuneración, no forman parte del foro, no pueden representar al Senado ante otros órganos”.
Desde el oficialismo se defiende la posibilidad de renuncia a la senaduría vitalicia para luego competir en elecciones. “Naturalmente uno puede renunciar con seis meses de antelación para postularse”, afirmó Maidana, aunque reconoció que esa decisión implica riesgos políticos y es irreversible: “No puede volver a ‘desrenunciar’… Es para siempre”.
La postura oficialista ha generado críticas por intentar ampliar los márgenes de participación de los expresidentes en la arena política, pese a que la jurisprudencia ya reconoce su derecho a ser senadores activos. Para sectores opositores, el proyecto refleja una estrategia del cartismo para consolidar poder en el Congreso y reabrir un debate que la Corte Suprema ya había zanjado.
Maidana concluyó que la interpretación restrictiva de la Constitución es “equivocada” y que corresponde una lectura más amplia de los derechos políticos. Sin embargo, la insistencia del oficialismo en reglamentar lo que ya está resuelto es vista como una maniobra política que tensiona nuevamente la institucionalidad del Parlamento.
